Desmontan falsedades sobre libertad de expresión

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, el director general de Conatel también abordó temas tales como: logros en telecomunicaciones, precios y tarifas de servicios y el internet en el país.

El director general de Conatel, William Castillo, reafirmó que la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos no tiene un carácter punitivo, ni de persecución, ni de cierre de medios, pues su espíritu es garantizar la corresponsabilidad social entre prestadores, anunciantes y usuarios y usuarias.

Así lo expresó este lunes 6 de julio durante su participación en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, donde recordó que desde 2004, cuando se promulgó la Ley, sólo se han abierto 26 procedimientos administrativos, de los cuales ninguno devino en revocatoria de la concesión, y solo uno se sancionó con multa a un operador: al canal Globovisión en 2011, por incitación a la zozobra, a la incertidumbre y al odio.

“El resto de los procesos se han resuelto con cesión de espacios para la difusión de mensajes, derecho a réplicas y otros mecanismos que establece la Ley para compensar el mensaje infractor”, enfatizó.

Castillo aprovechó la ocasión para destacar la participación de Venezuela en el Diálogo Interactivo con el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, que se desarrolló el lunes 29 y martes 30 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde el Gobierno Nacional presentó su cuarto informe de Derechos Humanos.

Imaginario sesgado
El Director General lamentó que el Comité de la ONU se haya formado un imaginario sobre supuestas violaciones al derecho de libertad de expresión en Venezuela, a partir de estadísticas falsas, manipulaciones, titulares de prensa y mensajes por Twitter que llevan Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vinculadas a partidos políticos de la derecha.

“En la ONU hay quienes creen que el Gobierno cierra medios, con base en denuncias tergiversadas de varias ONG. Pero no entregan lista alguna, porque en los informes no existe ninguna lista de medios cerrados”, aseveró.

Asimismo, Castillo aclaró que en 2007 hubo una “no renovación de concesión (al canal RCTV), facultad que la Ley otorga al Estado por ser administrador de un bien público como el espectro radioeléctrico”.

Al respecto, citó nuevamente cifras que revelan cómo en Venezuela, desde 1998, el número de estaciones de radio y televisión se ha incrementado aproximadamente en 60%, mientras las televisoras privadas casi se han duplicado. “La realidad es que el espectro radioeléctrico en Venezuela sigue bajo el control del sector privado”.

Castillo resaltó que, a partir de unos pocos casos de personas detenidas por investigaciones penales ligadas a delitos como instigación al odio, violencia y llamados al magnicidio -quienes después se victimizan como perseguidos políticos- las ONG construyen la idea de que en Venezuela se persiguen a los llamados “infociudadanos” y que además se bloquean las redes sociales.

En ese sentido, aclaró que la penetración de Internet en Venezuela (61,3% al cierre del primer trimestre 2015) se ubica 20% por encima de la media mundial y 10% por encima de la media para Latinoamérica, según un informe reciente de la UIT. Uno de las consecuencias de esa penetración es la intensa actividad de los venezolanos y venezolanas en redes sociales, como en Twitter, donde la penetración está en 35%, ejemplificó.

La Ley Resorteme es un instrumento que promueve una cultura comunicacional de democratización, responsabilidad y participación d usuari@s

— William Castillo B (@planwac) June 11, 2015

“En Venezuela hay amplia libertad para el uso de redes sociales, no hay bloqueos de ningún tipo”, porque mientras países desarrollados promulgan leyes regresivas en el tema de libertad de expresión, en Venezuela ese debate se da con mucha amplitud. “Eso sí, quien cometa un delito, tiene que responder ante la ley. Hay que ser responsable al utilizar las redes”.

Aumentos de tarifas
El Director General de Conatel aclaró que este año se acordó con las operadoras de telefonía y de televisión por suscripción un ajuste total del 35% de las tarifas y precios de sus servicios, el cual se aplicaría en tres partes consecutivas durante mayo, junio, julio.

En ese sentido, ratificó que el total de esos tres ajustes no puede superar el 35%, motivo por el cual exhortó a los usuarios y usuarias a denunciar cualquier incremento superior a través del sistema de Reclamos y Denuncias del sitio web de Conatel, desde donde se puede dar seguimiento a los casos.

También recordó a los usuarios y usuarias que para que la denuncia proceda, deben enviar los soportes que la sustenten y los datos personales allí requeridos.

Por último, desestimó nuevamente una información difundida por redes sociales, en la que se afirma que Conatel colaboró en la identificación y localización de usuarios de Twitter que fueron luego detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

“Ese supuesto informe de Conatel sobre los infociudadanos es un ‘caliche’ periodístico vendido como investigación (…) Nosotros somos un órgano accesorio de la Administración de justicia de los cuerpos de investigación, al que todos los días piden informes, pero resulta que esos informes se basan en fuentes públicas, al alcance de cualquier venezolano o venezolana”, puntualizó.