Estado venezolano es garante absoluto de la libertad de expresión


Las dos leyes fundamentales que rigen al sector telecomunicaciones en el país -LOTEL y Ley RESORTEME- recogen el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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El Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, reafirmó que “el Estado venezolano es garante absoluto de la libertad de expresión”, en respuesta a las acusaciones que organizaciones no gubernamentales realizan contra Venezuela, las cuales “están débilmente fundamentadas en mentiras abiertas, falsedades e interpretaciones sesgadas de la realidad” del país.

Así lo expresó durante el Diálogo Interactivo entre Venezuela y el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, que se desarrolló entre el lunes 29 y el martes 30 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde el Gobierno Nacional presentó su cuarto informe de Derechos Humanos.

Castillo consideró lamentable que miembros del Comité de DDHH de la ONU asuman como ciertas las versiones que reciben sobre la realidad en Venezuela, porque se trata de “informaciones incompletas, estadísticas no documentas, ausentes de investigación, de evidencias y de pruebas, y que distorsionan las medidas adoptadas por el Estado” en materia de información y comunicación.

Marco jurídico claro
Castillo recordó que de acuerdo con la legislación nacional “el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público propiedad del Estado y patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas” y en consecuencia “las telecomunicaciones están bajo la regulación, protección y administración del Estado”.

“No puede entenderse la realidad venezolana como se entiende en otros países, donde las políticas neoliberales han implementado esquemas privados de administración del espectro”, puntualizó.

Igualmente, el Director General argumentó que los dos instrumentos jurídicos fundamentales que rigen la materia de las telecomunicaciones: Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos (Ley RESORTEME), recogen el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, lideró delegación venezolana ante Comité de DDHH de la ONU

Explicó que la Ley de Responsabilidad Social establece un sistema de regulación destinado a garantizar la corresponsabilidad social, entre prestadores, anunciantes y usuarios y usuarias, alineado con el sistema internacional de los derechos humanos como la responsabilidad ulterior.

“En Venezuela está prohibida la censura, pero el ejercicio del derecho de libertad expresión supone responsabilidades ulteriores. En ese sentido, los mensajes que se difunden haciendo uso del espectro radioeléctrico están sometidos al cumplimiento de las disposiciones legales en la materia, por tratarse de un bien que es de todos los venezolanos y venezolanas y no le pertenece a ningún concesionario”, comentó.

País sin censura
“En Venezuela no se censura, no se cierran medios. No hay evidencias, no hay pruebas de que los medios hayan sido cerrados por decisiones administrativas. De ser así, las tuvieran ustedes aquí, porque esas decisiones hay que hacerlas públicas”, enfatizó.

No obstante, recordó que en los últimos 15 años solo se han materializado dos cierres de medios, específicamente televisoras: “El canal público Venezolana de Televisión (VTV) y el canal comunitario Catia TV, ambos el 12 de abril de 2012, asaltados por bandas policiales que se sumaron al golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez y del gobierno Bolivariano”.


Sobre el caso RCTV, que dejó de operar en 2007, explicó que allí se produjo “un proceso de extinción de la concesión y consecuente no renovación. Ello en virtud de las potestades que tanto la Constitución como la ley le otorgan al Estado, con lo cual decidió no hacerlo”.

Garantía de debido proceso
Agregó que en Venezuela, antes de 1999, los medios eran cerrados, proscritos y clausurados por decisiones administrativas, sin garantía de procedimiento alguno, por normas de carácter sublegal, por decretos.

“Hoy, las leyes dotan a los operadores de una protección a través de un sistema de debido proceso y de defensa, donde, después que el mensaje se emite puede ser analizado, cuestionado por la sociedad, revisado por el ente administrador y luego de un debate, se concluye si el medio merece o no una sanción”.

Al respecto, resaltó que en 11 años de vigencia de la Ley RESORTEME, Conatel ha abierto solo 26 procedimientos administrativos y ninguno de ellos devino en la revocatoria de la concesión. De hecho, sólo se ha sancionado con multa a un prestador de servicio: el canal Globovisión, por incitación a la zozobra, a la incertidumbre, al odio en el año 2011.

“La sanción se impuso garantizando el debido proceso, durante el cual se demostró que el operador se valió de técnicas audiovisuales y sonoras, tales como la inserción sobre noticias en vivo y diferidas de efectos de sonido editados: como percusiones por armas de fuego, explosiones y gritos de personas; para manipular un suceso” y así generar zozobra en la población.

En tanto, los otros 25 procedimientos terminaron medidas menores, como por ejemplo, la cesión de espacios para la difusión de mensajes de servicio público, que contrarresten el mensaje infractor.

Twitter y web
Otra mentira desmontada fue el supuesto bloqueo de los servidores de Twitter para evitar difusión de imágenes durante los hechos violentos de febrero de 2014, según para evitar que se mostrarán imágenes de la supuesta violencia del Estado.

“No es política del Estado bloquear enlaces de Internet, no hay evidencias, ni investigaciones ni pruebas que lo demuestren, no es una acción sistemática. Eso nunca sucedió y se solicitó a la empresa Twitter que aclarara públicamente la situación, pero aún no hemos recibido respuesta”.

Respecto a la restricción del portal Dolar Today, refirió que éste no es un portal de información económica, sino “un sitio que conspira abiertamente, que financia la conspiración, que amenaza a servidores públicos, que promueve la violencia y el magnicidio; y en atención a esas faltas gravísimas se ordenó su bloqueo”.

Explicó también que ese portal ahora es un sistema que ha generado más de mil enlaces distintos. “Se trata de unos códigos binarios generados por un servidor en el extranjero que busca burlar una disposición absolutamente legal y soberana de una República”.

Además, reveló que Conatel, atendiendo a requerimientos de tribunales y órganos de investigación penal, ha restringido el acceso a determinados enlaces por violaciones a la ley. “Se ha negado el acceso a 1060 enlaces de Internet, aunque 924 de ellos corresponden a un solo procedimiento administrativo (Dolar Today)”.

Ataques al Estado
El Director General aprovechó la ocasión para denunciar que la plataforma informática del Estado ha sido objeto de ataques constantes, incluyendo los sistemas de la banca pública, la base de datos de la estatal energética Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Parece que los informes (de ONG) que llegan al Comité no consideran violaciones a los derechos humanos los ataques a plataformas del Estado (…) Es importante que tengan la otra parte de la historia, que no se queden sólo con titulares y versiones filtradas por agencias de prensa que ocultan y distorsionan la información”.

Por último, invitó al Comité a “ampliar su mirada sobre Venezuela en materia de libertad de expresión”, razón por la cual dejó las puertas abiertas para que miembros de esta instancia hicieran solicitudes directas a Conatel y demás organismos del Estado venezolano.

“Cualquier país que sienta que hay una violación a su legislación toma decisiones jurídicas (…) Nuestro objetivo principal es la defensa de la libertad de expresión”, concluyó.


30 junio, 2015




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