Franceses organizados contra nueva ley antiterrorista


Organizaciones que defienden el libre acceso a Internet denuncian que el instrumento legal afectará de forma masiva las libertades fundamentales de los ciudadanos de Francia.

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La Cuadratura de la Red y la Red de Datos de Francia, organizaciones que defienden el libre acceso de los ciudadanos a Internet, elevaron ante la Corte Constitucional francesa un documento en el que rechazan la Ley de Servicios Secretos -también conocida como Ley Antiterrorista- que permite el rastreo masivo de datos telefónicos y cibernéticos sin control judicial.

El instrumento jurídico -aprobado por la Asamblea Nacional de Francia el pasado miércoles 24 de junio- obliga a las operadoras de telecomunicaciones, buscadores o redes sociales a instalar una especie de caja negra para detectar cualquier comportamiento “sospechoso”. Los datos obtenidos serán transmitidos automáticamente a los servicios de información para su análisis.

En un comunicado publicado en la página de La Cuadratura de la Red, Felix Tréguer -uno de los fundadores de esa organización-, aseguró que la Ley es incompatible con el estado de derecho e informó que preparan una apelación para derogar el instrumento legal que, a su juicio, afectará las libertades fundamentales de todos los franceses.

“Tuvimos poco tiempo para completar este documento, pero eso nos obligó a agudizar nuestra crítica en contra de la Ley e incluso nos ayudó a descubrir nuevos argumentos jurídicos para demostrar en qué está fallando. Esperamos que la Corte Constitucional tenga nuestro trabajo en cuenta y que sea útil para los parlamentarios que actualmente están preparando el texto de la apelación”, expresó Tréguer.

En el documento presentado a la Corte Constitucional las organizaciones resaltaron que, al redactar la Ley, el Gobierno no se aseguró de guardar un equilibrio entre los objetivos del instrumento y los derechos y libertades que protege la Constitución.

“Esta ley tiene muchos puntos ambiguos que se dejaron a la libre interpretación de los servicios de inteligencia. También nos preocupa que el rastreo de datos está sujeto al control de una comisión ineficaz y que el reporte de abusos no cuenta con un procedimiento”, reza el texto.

Alcances de la Ley
La Ley de Servicios Secretos fue impulsada por el primer ministro francés Manuel Valls para intentar evitar que se repita un atentado como el que sufrió -el 8 de enero de este año- el semanario satírico Charlie Hebdó, reivindicado por la red Al Qaeda y el Estado Islámico.

Durante su debate en la Asamblea Nacional los partidos de izquierda advirtieron que la nueva norma debilita el control político a los servicios de inteligencia y genera el riesgo de crear “una policía política”, como lo expresó el dirigente ecologista Sergio Coronado.

Por su parte, la ecologista Isabelle Attard, señaló que la ley encierra “la misma doctrina” que aplicó el espionaje estadounidense basándose en los derechos que le fueron otorgados por la Ley Patriota.

El instrumento legal establece que los agentes franceses podrán emplear un sistema denominado Imsi Catcher que puede captar y registrar los datos de teléfonos u ordenadores de todos los que se encuentren cerca. También podrán utilizar, ahora legalmente, micrófonos ocultos en lugares privados y se les permitirá entrar en domicilios particulares si lo consideran necesario.

Las solicitudes para realizar las prácticas de espionaje las podrán hacer los ministros de Defensa, Economía, Finanzas, Justicia e Interior. Las peticiones serán enviadas a una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información (cuatro parlamentarios, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un informático). Si no ve obstáculos, la Comisión enviará las solicitudes al primer ministro, que tendrá la última palabra.


3 julio, 2015




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