Nueva ley en España afecta libre uso de Internet

La norma condiciona actividades ciudadanas en la red con multas de hasta 664 mil dólares y prisión. Publicar imágenes de los cuerpos de seguridad de España es una de las prohibiciones más polémicas.

El 1° de julio entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en España, la cual genera disputas y diferencias en la población desde marzo pasado –cuando fue aprobada por el Congreso– por la manera en la que cambiará la forma de comportarse dentro y fuera del Internet por parte de los internautas ibéricos.

A partir de la promulgación de esta norma, los ciudadanos y ciudadanas enfrentarán sanciones para determinadas acciones cuyas multas van desde los cien a los 600 mil euros (110 a 664 mil dólares) en función de su calificación jurídica (leves, graves y muy graves) y de su pena asociada con la reforma del Código Penal.

Entre los puntos que más rechazo genera la denominada “Ley Mordaza” figuran las prohibiciones de:

• Expresar opiniones que supongan una ofensa a España o el Gobierno de turno. No podrán realizar acusaciones contra las autoridades o instituciones en manifestaciones públicas debidamente autorizadas.
• Manifestar frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autónomos.
• Colgar pancartas, letreros o banderas con mensajes políticos alusivos a alguna protesta.
• Protestar en edificios o monumentos.
• La resistencia pacífica. La policía tendrá la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene “la autoridad competente”.
• Impedir operaciones de desahucio concentrándose frente a las casas de los afectados.
• Ocupar viviendas deshabitadas. Los indigentes no podrán morar en casas abandonadas o lugares deshabitados. También serán castigados con multas o cárcel los que practiquen la economía informal.

Objetivo: Silencio en la red
La Asociación de Internautas del país europeo aseveró que en el ámbito tecnológico, este instrumento jurídico prohíbe colgar en la red determinadas imágenes o datos personales de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España, alegando que pueden poner en peligro su seguridad personal o la de sus familias.

El nuevo ordenamiento también permitirá la “ocupación temporal” por agentes policiales de “instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana”.

Los opositores a la ley defienden la documentación, a través de imágenes, del comportamiento de la policía durante las manifestaciones, algo que -asevera la Asociación de Internautas- les ha permitido registrar casos de brutalidad policial y ayudar a su proceso legal.

Protestas callejeras en la mira
Convocar acciones de protesta no autorizadas, incluso utilizando las redes sociales, podrá ser castigado por esta ley con una multa de hasta 600 mil euros  (664 mil dólares) o un año de cárcel. Además, el texto también contempla restricciones sobre la divulgación de las marchas a través de estas redes.

“A efectos de la disolución de manifestaciones que no cumplan las normas de seguridad, y de sancionar a sus organizadores o promotores, se considera que también lo son quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”, comunicó la Asociación de Internautas.

Acceder de manera habitual a páginas web de contenido terrorista que inciten “la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines” será otra de las acciones que la Ley castigará con penas de entre uno y cinco años de cárcel, informó el portal Muy Computer.

De acuerdo a los movimientos sociales que están en contra de la norma, ésta afectará al periodismo de investigación de datos, por la consideración de terrorismo que adquieren los delitos informáticos, entre los que resaltan “el acceso a datos contenidos en un sistema”(artículo 573); a quien cubra informativamente acciones de protesta (artículo 579) y todo aquel que realice “ciberprotestas” como la difusión de consignas o la alteración del aspecto de una web (artículos 578 y 579), reseñaron diario españoles.

Temor social
El corresponsal de Telesur en Barcelona, Joan Ortiz, destacó la forma en la que esta ley afectará a quienes ejercen la comunicación. “Nosotros como periodistas no podemos cubrir acciones de la policía cuando actúe en represiones, ni podremos hacerlo a través de las redes sociales, ellos podrían quitarnos nuestras cámaras y borrar las imágenes que grabemos, además de imponer altas sumas económicas como multas”,  informó una nota de prensa del canal de noticias.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Baleares (España), Martín Aleñar, expresó al portal Abogacía.es su preocupación por el hecho de que algunos de los preceptos contenidos en la Ley podrían suponer serias restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales de las personas como el derecho de reunión, de manifestación y la libertad de expresión, entre otros.

Según la Comunidad Europea, la reforma en materia de terrorismo es la más grave por la importancia de las penas y la suspensión de derechos fundamentales (como la detención incomunicada o la violación del secreto de las comunicaciones) que supone para quien resulte acusado.

Mientras que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información se refirió a ella como a “un conjunto de reformas legales que suponen una grave amenaza para las libertades de información y expresión de periodistas y movimientos sociales”.

Rechazo colectivo
Diputados y senadores de todos los partidos, excepto el gubernamental Partido Popular (PP), introdujeron un recurso en contra de esta ley por considerarla “anticonstitucional”. Los grupos opositores parlamentarios, el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de los Derechos Humanos señalaron como precedente negativo la aprobación y entrada de vigencia de este instrumento.

Hasta la fecha, numerosos colectivos están dispuestos en las calles españolas con protestas espontáneas en rechazo a la Ley. Mientras tanto, 12 activistas detenidos en 2014 por participar en una concentración no comunicada, en la que presuntamente insultaron y amenazaron a los agentes policiales, están a la espera del juicio pospuesto para este mes.

Uno de los imputados, Ángel Narváez, expresó que no es casualidad que el juicio fuese programado para el mismo día de entrada en vigencia  la Ley, según la página web de Telesur: “Creemos que hay una intencionalidad política muy clara en que se nos fuera a juzgar justo hoy (miércoles 1 de julio) que entra en vigor esta ley, precisamente por protestar contra ella”. Algunos inculpados ya recibieron sanciones económicas de hasta 500 euros (553 dólares).

El Gobierno habla
En representación del gobierno español, los titulares de los ministerios de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá respectivamente, aseguraron que la norma no solo no limita derechos y libertades, sino que las refuerzan, publicó el periódico El País.

Asimismo, aseveraron que trata de defender los derechos de la mayoría frente a los que, por ejemplo, puedan provocar actos violentos en las manifestaciones. Fernández aseguró que se trata de una ley “muy garantista y que asegura un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos.

Durante sus declaraciones, afirmaron que el artículo primero de la Ley remarca que “la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes”.

Ambos ministros descalificaron en distintos medios las críticas a la norma, asegurando que están formuladas sin haber leído el articulado concreto. Según Catalá están llenas de “eslóganes y lugares comunes” y según Fernández carecen de fundamento.

Los antecedentes
La actual Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es una reforma de la norma del mismo nombre aprobada el 21 de febrero de 1992 que entró en vigencia el 1 de julio en España. Su aprobación obtuvo 181 votos a favor por parte del Partido Popular (PP) y el Unión Pueblo Navarra (UPN), 140 en contra y una abstención.

El proyecto fue introducido por el ministro del Interior, José Fernández Díaz, y debatido en el parlamento durante cinco meses.

Medios españoles, Organizaciones No Gubernamentales, representantes de la izquierda europea y ciudadanos en general, consideran que es una ley diseñada para la represión de protestas como la del Movimiento 15M en 2011 (también conocido con el nombre de Los Indignados y Toma la plaza). Este levantamiento social surgió de  la indignación popular por un cambio radical en la política española.