28 de septiembre: Día Mundial del Acceso a la Información


En Venezuela, la Ley de Infogobierno promueve el uso de las TIC en el Poder Público y el Poder Popular, con el fin de garantizar el acceso de las personas a la información pública.

150928_acceso_600

El 28 de septiembre de 2002, organizaciones no gubernamentales y colectivos organizados a escala internacional pusieron sobre la mesa los obstáculos que las administraciones públicas de sus respectivos países les imponían para acceder a la información pública, y acordaron identificar estrategias coordinadas de presión y sensibilización para lograr que este derecho se reconociera y fortaleciera en el mundo, especialmente donde no existen suficientes garantías.

Hoy, 13 años después del debate realizado en Sofía, capital de Bulgaria, la sociedad civil celebra el Día Mundial del Acceso a la Información Pública, también conocido como Día Mundial del Derecho a Saber. Esta iniciativa se basa en que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información, administrada o en poder de las instituciones públicas.

En Venezuela, este derecho se ampara en la Constitución Nacional, la cual expresa en su artículo 28: “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.”.

Asimismo, agrega que cualquier persona “podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.

Bajo esta misiva constitucional, la Ley de Infogobierno promueve el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Poder Público y el Poder Popular, con el fin de garantizar el acceso de las personas a la información pública, facilitando al máximo la contraloría de sus acciones como requisito esencial de un Estado democrático y social de derecho y de justicia.

El Gobierno Nacional mantiene su compromiso de garantizar una gestión pública transparente y eficiente al servicio del pueblo, con aplicación de nuevas TIC en todas las áreas de competencia pública, el desarrollo de sistemas para la gestión de trámites administrativos y la creación de aplicaciones web, entre otros instrumentos tecnológicos, que rompen con los procesos burocráticos, promueven la transparencia de las instituciones y fomentan la participación ciudadana en la toma de decisiones.


28 septiembre, 2015




La Oficina de Atención a la Usuaria y al Usuario concede a la ciudadanía una esmerada e inmediata atención para todos aquellos requerimientos inherentes al área, con un personal altamente calificado que ofrecerá una orientación eficaz.

Centro de Desarrollo e Información en Telecomunicaciones especializado en generar programas educativos innovadores, para la formación y actualización permanente en materia de Telecomunicaciones y temas de interés comunitario vinculados al sector.

Conatel es el ente encargado de la administración y asignación de nombres de dominios bajo la estructura de primer nivel “.ve” en la red mundial de Internet, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo III de la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

 

Un Medio Comunitario es un espacio de construcción de nuevas relaciones sociales, para empoderar a las comunidades y fortalecer la cultura local, dando participación activa y protagónica a quienes nunca han tenido voz, con el impulso del Estado.

El Fondo de Responsabilidad Social está dirigido a financiar proyectos de desarrollo y fomento de la producción nacional, capacitación de productores nacionales de obras audiovisuales o sonoras, investigaciones relacionadas con la comunicación, entre otros.

El desarrollo del Sector Telecomunicaciones se sustenta en la correcta y oportuna declaración de tributos por parte de los prestadores de servicios debidamente autorizados para tales fines por el Estado venezolano.