EE.UU. insiste en limitar privacidad de comunicaciones

Una corte estadounidense legalizó que autoridades policiales puedan solicitar datos de ubicación de una persona a las compañías telefónicas, sin una orden judicial.

El derecho a la privacidad de las comunicaciones está nuevamente en tela de juicio en Estados Unidos, luego que una corte federal en Richmond, Virginia (noreste), autorizará a los cuerpos de seguridad a que, sin una orden judicial, pueda solicitar la ubicación del móvil de un “sospechoso” ante las compañías telefónicas, petición que las empresas están obligadas a procesar.

La decisión de la Corte de Apelaciones del 4to Circuito revierte un fallo de 2015, el cual estipulaba que “la protección constitucional contra una búsqueda y confiscación inadmisible requiere que la policía posea una orden judicial para poder obtener los datos de las radiobases”.

La “protección constitucional” a la que se refiere el fallo anterior es la IV Enmienda de la Constitución de EE.UU., que considera inviolable el derecho de los ciudadanos de mantener a salvo y en privado sus pertenencias, datos e información personal de “pesquisas y aprehensiones arbitrarias”.

La jueza Diana Gribbon Motz sostiene que “según la Corte Suprema, la Cuarta Enmienda no protege los datos que una persona entrega voluntariamente a un tercero (en este caso, proveedores de servicio de telefonía). Cuando alguien compra un teléfono celular espera que, como mínimo, su proveedor enrute las llamadas entrantes y salientes y mensajes de texto”, asegura.

En otras palabras, Gribbon justifica su fallo en que “cuando una persona utiliza su teléfono funcione, permite (incluso, le pide) a su proveedor de servicio que establezca una conexión entre entre su teléfono y una torre de telefonía móvil cercana (que puede establecer la ubicación del dispositivo). Por lo tanto, cede voluntariamente la información necesaria”.

Reacciones adversas
Opiniones contrarias no se hicieron esperar y otro juez de Richmond, James A. Wynn, rechazó el fallo y argumentó que “la doctrina de tercera persona” exime de la protección de la Cuarta Enmienda a la información que voluntariamente transmite su propietario. “Es poco probable que un usuario crea que voluntariamente renuncia a los datos de su ubicación cuando suscribe un contrato con un proveedor. Por eso, esta doctrina no es aplicable”.

Por su parte, The Wall Street Journal también desestimó el fallo, al señalar que éste “puede convertirse en una doctrina legal para que los estadounidenses no disfruten de ninguna protección de la privacidad de los datos que ofrecen voluntariamente a terceros”, y hace referencia a bancos, compañías, hoteles, líneas aéreas, redes sociales, entre otras.

Expertos en espionaje
Desde 2001, la privacidad de las comunicaciones es puesta en duda en EE.UU., después que el entonces presidente, George W. Bush (2000-2008), impulsará la llamada Ley Patriota (USA Patriot Act), norma que hasta 2015 concedió a las agencias de inteligencia facultad para espiar las comunicaciones personales de millones de ciudadanos.

La legislación permitió el espionaje telefónico masivo sin autorización judicial, legalizó la tortura y suspendió el habeas corpus (equivalente al amparo en Latinoamérica) en investigaciones sobre terrorismo.

En 2015, la mencionada norma se sustituyó por la Ley de la Libertad Estadounidense (USA Freedom Act), que aunque restringe el espionaje y almacenamiento de las comunicaciones telefónicas, no tiene aplicación sobre el programa PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), que da acceso a los datos personales de los usuarios en los servidores de gigantes compañías electrónicas como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple.