Reforma de LOTEL pretende desmontar la Constitución
Un foro en línea organizado por CONATEL desnudó cómo la reforma a la LOTEL constituye un atropello a derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución Nacional.
La reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) responde a intereses económicos particulares que pretenden desmontar la Constitución y sus avances en materia de derechos sociales y políticos, destacó este martes la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz, en un foro organizado por CONATEL para discutir este tema.
“Es una colcha de retazos de intereses privados, de intereses bastardos”, opinó Díaz en el foro La reforma Pirata de la LOTEL, en el que también participó el director general de la Comisión, William Castillo; y el consultor jurídico del ente regulador, José Leonardo Suárez.
“Si algo caracteriza a nuestra Constitución es que hay un proyecto político -de justicia y derecho social, en el que priva la justa distribución de la riqueza- (…) Pero que nadie crea que porque está en la Constitución un gobierno de derecha lo hará realidad. Mentira, un Gobierno de derecha quiere desmontar la Constitución y la prueba es esta ley”, agregó Díaz.
Por su parte el Director General de CONATEL calificó la pretendida reforma como “un traje hecho a la medida de intereses privados”, cuyo objetivo es retroceder y regresar al modelo del latifundio mediático en el que el espectro radioeléctrico estaba en manos de unas pocas familias. “Ya empieza a vérsele la trama económica y de intereses. Queremos levantar el velo corporativo para saber quienes están detrás de la reforma”.
Privatización del espectro
Para Díaz, este documento de la oposición pretende entregar el espectro radioeléctrico, un bien de todos los venezolanos, a capital privado nacional y extranjero -hay empresas extranjeras concesionadas en Venezuela-, algo que ataca uno de los tres principios fundamentales del Estado: la territorialidad.
“El espectro radioeléctrico es parte del territorio. El territorio es un elemento fundamental en la conformación del Estado. Son tres: población, territorio y poder. ¿Si yo ataco uno de los elementos del Estado, el territorio, no estoy atacando la conformación del Estado? Si yo le impido al Ejecutivo, según sus funciones en la Constitución, que regule el uso y la administración del espectro radioeléctrico, y se la entrego automáticamente a los privados, ¿Qué estoy haciendo? ¿No estoy afectando la propiedad o el uso del dominio público, del pueblo completo, sobre un bien que es de todos?”, explicó.
Agregó que otro aspecto polémico de la reforma es la ratificación, por parte del Parlamento, del Consejo Directivo del ente regulador, algo inconstitucional porque desafía lo estipulado en la Carta Magna sobre las funciones del Poder Ejecutivo Nacional.
Recordó que entre los “nuevos” requisitos para ser elegible al cargo de Director General de CONATEL está la prohibición de haber militado en un partido político en los cinco años anteriores a su postulación, lo que violenta el derecho político de ese ciudadano a la libre afiliación, como lo manda el artículo 67 de la Constitución.
“¿Cómo le van a prohibir al Director de CONATEL ser parte de un partido político cinco años antes ¿Eso no es una restricción a los derechos políticos de todos los venezolanos?”, argumentó.
Medios comunitarios silenciados
Como especialista legal, María Alejandra Díaz también criticó la instalación de un “gueto comunicacional” para encerrar la voz de los medios comunitarios y alternativos, a los que también se les prohíbe el “proselitismo” político.
“Si creen en la democracia, si creen en la democratización de las telecomunicaciones como dice su propia ley en la exposición de motivos ¿Cómo le restringes a los comunitarios su actuación a un gueto comunicacional? ¿Por qué me cercenan el derecho? ¿Porque es competencia para los privados?”, reflexionó.
Ningún Poder Público es superior a otro
“No es correcto hablar de Poderes Públicos, hay un solo Poder Público con cinco ramas”. Así continuó Díaz, para ilustrar cómo detrás de todos los proyectos de ley y reformas que desde enero pasado ha impulsado la oposición, se esconde la desarticulación del Estado, en miras de “reacomodarlo” a los intereses del gran capital nacional e internacional.
“Frente a este atrevimiento, nuestro escudo es la Constitución. Aquí no hay ningún Poder por encima del otro. Imagínense la incongruencia de que una rama del Poder Público trate de acabar con el resto. Ni en los peores enfrentamientos entre modelos, o entre partidos, se ve una actitud tan miserable por parte de un sector político. Porque tú puedes no estar de acuerdo con el Gobierno, pero no puedes ir en contra de la Constitución”, detalló.
“El grave problema de estos señores (la oposición), que llegaron al poder gracias a esta Constitución, es no entender que ahora son parte del Poder Público, y que no pueden usar su posición para destruir la Constitución. No han entendido que sus leyes no pueden contrariar la Constitución”, destacó.
“Si por un pesadilla del destino llegaran al poder sectores neoliberales e intentarán modificar esta Constitución para eliminar derechos sociales y políticos ya alcanzados, nosotros estaríamos en la obligación de revelarnos. Ese es el verdadero sentido del artículo 350, la protección de esta Constitución, porque los derechos se interpretan progresivamente y no regresivamente”, puntualizó.
Ilegalidad en la radio
El director general de CONATEL aprovechó la oportunidad para desmentir las denuncias de varios dueños de radios privadas que sitúan en unas 800 las estaciones que esperan una respuesta oficial sobre la renovación de sus concesiones y habilitaciones.
“Les puedo decir, con absoluta responsabilidad, que en el último corte, en el caso de las emisoras privadas, no llegan a 30 las que puedan estar cumpliendo todos los plazos de la ley y que merecen una respuesta del Estado”, sentenció Castillo, argumentando que dentro de las ilegalidades detectadas destacan la evasión de impuestos, la venta, alquiler e incluso traspaso de los permisos de transmisión, entre otras.
Sobre este asunto, Castillo detalló que más del 60 por ciento de las empresas de radiodifusión privadas en Venezuela tiene algún tipo de problemas con el pago de los impuestos por derecho del uso del espectro.
Dijo que apuesta por un gran diálogo nacional para debatir sobre la administración del espectro electromagnético. “Queremos un debate público, queremos levantar el velo corporativo que está en los registros y notarías, donde están los verdaderos dueños a través de testaferros, porque tienen una red en la que están los mismos dueños de siempre. Hay que descubrir quiénes están detrás de las radios”.
“Una cosa es tener la razón y otra no tener razones. Esta gente no tiene la razón ni tiene razones”, finalizó.
Derecho económico vs derecho a comunicación
El consultor jurídico de CONATEL, José Leonardo Suárez, expuso una serie de argumentos que hacen de la reforma a la LOTEL inconstitucional y complaciente a los intereses de empresas privadas de telecomunicaciones, que pretenden poner su derecho a la libre actividad económica por encima de la comunicación popular.
“No es una reforma de una ley, es un modelo que se está instaurando a cuenta gotas, en cada una de las legislaciones en las que ellos ven sus intereses. Sabemos que el sector de las telecomunicaciones es económicamente muy rentable”.
Además, el abogado destacó el cerco a los medios comunitarios y alternativos, a los que pretenden arrebatarle su libertad de expresión y su derecho a existir como actores a los que históricamente se les negó el acceso al espectro radioeléctrico porque estaba en manos de unos pocos.
11 octubre, 2016