Al respecto, se consideró que dichas propagandas contienen mensajes que presuntamente causan angustia, temor y zozobra en la población pudiendo fomentar en el colectivo conductas tendientes a alteraciones del orden público y que pueden ser contrarias a la seguridad de la nación, ello por cuanto las mismas componen una especie de campaña supuestamente en defensa del derecho a la propiedad privada, lo que podría generar en el colectivo la idea de que existe con certeza una amenaza, que se erige sobre el derecho a la propiedad, sin especificar quién lo amenaza y cómo lo amenaza.
El hecho de que las propagandas compongan una campaña, dirigida expresamente a defender la propiedad privada, y que se muestren distintos escenarios en los que se deja ver un supuesto peligro a perder los bienes y que dichas propagandas sean transmitidas en forma alarmantemente reiterada, podría crear en el colectivo la falsa idea de que el derecho sobre los bienes de su propiedad se encuentra amenazado. Dado que en las propagandas se insta a defender la propiedad privada, los destinatarios del mensaje podrían adoptar diversas conductas, incluso agresivas, con el fin de defenderse de una supuesta amenaza, que podrían conllevar a alteraciones del orden público, en especial tomando en consideración que no se aprecia en las propagandas que se exprese la idea de acudir a las vías legales para ejercer dicha defensa.
Así las cosas, podría inferirse que ante la existencia de una amenaza, la consecuencia lógica es que se genere en los destinatarios del mensaje la idea de que es necesario defenderse frente a tal amenaza. Esto podría desencadenar en el colectivo una gran confusión respecto a la vigencia y absoluto respeto del Estado de Derecho por parte del Estado.
En efecto de la observación de las propagandas surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la amenaza real a la propiedad privada?; ¿Quién la Amenaza? ¿Por qué hay que defenderla? ¿De quién hay que defenderla?; ¿Cómo hay que defenderla?
En tal sentido, se acordó medida cautelar a los prestadores de servicio VENEVISIÓN, MERIDIANO TV, TELEVEN, GLOBOVISIÓN, ONDA 107.9 FM y FIESTA 106.5 FM, de abstenerse de difundir en forma inmediata todas las propagandas que conforman la campaña “En Defensa de la Propiedad”, ofrecida por los anunciantes CEDICE y ASOESFUERZO, en sus distintas versiones o similares, tanto de radio como de televisión, así como de cualquier otra Propaganda que pudiera promover, hacer apología o incitar a la guerra; promover, hacer apología o incitar a alteraciones del orden público; promover, hacer apología o incitar al delito; ser discriminatorias; promover la intolerancia religiosa; ser contrarios a la seguridad de la Nación o ser anónimos.
Con el objeto de resguardar el derecho a la defensa y al debido proceso que ampara a todos los administrados, se le otorgó a los operadores y anunciantes, diez (10) días hábiles para exponer sus alegatos y defensas, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Responsabilidad Social en Radio y Televisión y 5 días hábiles para oponerse a la medida cautelar acordada.
En este sentido, este ente regulador reitera una vez más su total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
