Debate global: ¿Deben ser reguladas las redes sociales?
Países del mundo demuestran preocupación y a su vez platean acciones legales para regular contenidos violentos y extremistas en las redes sociales.
Alemania, Australia, Francia, Reino Unido e inclusive Estados Unidos, han levantado su voz y algunos de ellos, propuestas legales para regular el contenido violento que se muestra con total impunidad en las redes sociales en la actualidad.
Alemania
Según un estudio realizado por la empresa estadounidense eMarketer, Alemania encabeza los países con mayor cantidad de usuarios en redes sociales con un total de 29,2 millones de usuarios. Este dato resulta relevante ante la puesta en marcha de la ley denominada NetzDG, que busca controlar y regular el contenido extremo expuesto en redes.
Esta Ley, que entró en vigencia el 1 de enero, indica que las multas por no acatar este reglamento, que incluye entre sus artículos evitar los discursos de odio y la ideología pronazi, pueden ascender hasta 50 millones de euros de no ser acatada.
Por su parte, los legisladores proponen que las redes sociales establezcan un organismo desligado del Gobierno para que se encargue de chequear los contenidos publicados y las denuncias realizadas por los usuarios, y así que exista equidad en las sanciones.
Australia
Recientemente el gobierno de Australia aprobó una ley, que así como en Alemania, aplica sanciones a las empresas globales que permitan la difusión de mensajes violentos y no aptos para el público en las diferentes plataformas, así como para aquellas empresas que no retiren contenido impropio rápidamente.
Esta medida fue tomada luego de que el 15 de marzo se produjera un ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda y fueran transmitidas en vivo a través de Facebook live. Mitch Fifield, ministro de Comunicaciones de Australia, en relación a este atentado expresó en un comunicado: “si una red social no toma medidas para parar una retransmisión en directo de este tipo de violencia, debería enfrentarse a un fuerte castigo”.
La legislación, que fue aprobada en un período de cinco días, incluye además de multas, la posibilidad de pagar hasta 3 años de cárcel por su incumplimiento.
Reino Unido
Jeremy Wright, secretario de Estado de Reino Unido para lo digital, la cultura, los medios y el deporte, expresó recientemente en un artículo de su autoría: “es claro para nosotros que la autorregulación entre las empresas de tecnología no ha sido suficiente y ahora se necesita acción en la forma de regulación”.
Añadió que el gobierno del Reino Unido hará “a las empresas de tecnología más responsables por el contenido que alojan y pondremos requisitos más estrictos en las plataformas para tomar medidas firmes contra el terrorismo, la explotación y el abuso sexual infantil”.
Estados Unidos
Andrew Yang, candidato por los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, expresó en un comunicado: “necesitamos una prensa y un intercambio de información sólidos. Pero debemos enfrentarnos a la realidad de que las noticias falsas y la desinformación que se difunden a través de las redes sociales amenazan con socavar nuestra democracia y pueden hacer imposible que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre una serie de hechos compartidos”.
Añadió que existen agentes externos que tienen intenciones de dañar a esta nación y que por ello era necesario concentrarse en las acciones para evitar sus consecuencias. “Necesitamos comenzar a monitorear y castigar a los malos actores para darles a los periodistas, con determinación, la oportunidad de hacer su trabajo”, expresó.
Francia
La Ley aprobada en Francia, denominada Deber de Vigilancia, está formulada para hacer valer los derechos humanos y del medio ambiente por parte de las empresas, incluyendo también el impacto que sus propias actividades generan no sólo de manera directa a la población sino a las compañías, proveedores y empresas subcontratadas.
Deben publicar anualmente planes de vigilancia y, en caso de no cumplir con este aspecto, las partes afectadas pueden denunciar ante la ley este hecho y las sumas de las multas pueden estar en el rango de 10 millones y 30 millones de euros.
La UE
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) aprobó una propuesta enfocada a la prevención y difusión de contenidos terroristas en línea. Las grandes empresas tendrán que intervenir y boquear las publicaciones -en un lapso de una hora- de las que hayan sido avisados por parte de las autoridades. El incurrir en el incumplimiento de este aspecto podría propiciar una multa hasta del 4 por ciento anual de su facturación.
Periodista: Vanessa Adrianza
3 mayo, 2019