Argentina socializa el acceso a los servicios de telecomunicaciones


La nueva Ley Argentina Digital declara de interés público el desarrollo y regulación de las TIC, para que todos los habitantes accedan a ellas de forma equitativa.

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La Cámara de Diputados argentina convirtió en ley el proyecto conocido como Argentina Digital, con 131 votos a favor y 97 en contra, norma que tiene por objeto garantizar el acceso de toda la ciudadanía a los servicios de telecomunicaciones, por considerar a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como ejes fundamentales del desarrollo social.

La nueva Ley llega para “garantizar la completa neutralidad de las redes, con la finalidad de posibilitar el acceso de todos los argentinos a los servicios de información y comunicación, en condiciones sociales y geográficas equitativas”, afirmó el titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Mario Oporto.

En ese sentido, Argentina Digital establece que las TIC deben ser consideradas ejes fundamentales para el desarrollo social y, por tanto, el Estado tiene que jugar un rol importante en la regulación y control del sector. “Las TIC deben ser de interés público y las comunicaciones un derecho humano, por tanto, la Ley defiende la inviolabilidad de las comunicaciones y su privacidad”, aseveró.

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Bien de dominio público
Igualmente, se define el espectro radioeléctrico y satelital como un bien de dominio público. En ese sentido, a los usuarios les permite optar por el prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia a la zona de residencia.

La norma promueve la competencia en el sector, al permitir que una Pyme (pequeña y mediana industria) o una cooperativa proveedora de Internet pueda llegar a cualquier punto del país, aún sin infraestructura propia. Además, reestructura los servicios incluidos dentro de llamado “Servicio Universal”, que tendrán el mismo precio, con la misma calidad, en todo el territorio nacional.

Autoridad Federal
La Ley crea la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), que tendrá entre sus funciones fijar precios, otorgar licencias, regular interconexiones, fijar condiciones a los operadores que abren sus redes a la competencia y disponer de los fondos del Servicio Universal.

La AFTIC también manejará las empresas Ar-Sat, Correo Argentino, Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Plan Argentina Conectada.

“Nuestro modelo de inclusión social profundiza este camino de justicia social con inclusión digital. No hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones”, culminó Oporto tras presentar el proyecto de Ley.


17 diciembre, 2014




La Oficina de Atención a la Usuaria y al Usuario concede a la ciudadanía una esmerada e inmediata atención para todos aquellos requerimientos inherentes al área, con un personal altamente calificado que ofrecerá una orientación eficaz.

Centro de Desarrollo e Información en Telecomunicaciones especializado en generar programas educativos innovadores, para la formación y actualización permanente en materia de Telecomunicaciones y temas de interés comunitario vinculados al sector.

Conatel es el ente encargado de la administración y asignación de nombres de dominios bajo la estructura de primer nivel “.ve” en la red mundial de Internet, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo III de la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

 

Un Medio Comunitario es un espacio de construcción de nuevas relaciones sociales, para empoderar a las comunidades y fortalecer la cultura local, dando participación activa y protagónica a quienes nunca han tenido voz, con el impulso del Estado.

El Fondo de Responsabilidad Social está dirigido a financiar proyectos de desarrollo y fomento de la producción nacional, capacitación de productores nacionales de obras audiovisuales o sonoras, investigaciones relacionadas con la comunicación, entre otros.

El desarrollo del Sector Telecomunicaciones se sustenta en la correcta y oportuna declaración de tributos por parte de los prestadores de servicios debidamente autorizados para tales fines por el Estado venezolano.